DEPORTACIONES DE INMIGRANTES EN LA ESPAÑA DE LOS AÑOS CINCUENTA
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| Palacio de las Misiones. Exposición Internacional de Barcelona, 1929. Lugar de concentración para la deportación inmediata. |
Moisés Cayetano Rosado
Doctor en Geografía e
Historia
Tras
la Guerra Civil española se detuvo el flujo migratorio, sangría de la España contemporánea -dirigido
principalmente a Ultramar-, que ante la saturación del mercado americano se
intensificó en el interior del país. La periferia minera e industrial
(principalmente la cornisa cantábrica y Cataluña) fue recibiendo trabajadores
provenientes del sector agrario, en especial andaluces, castellanos y
extremeños. Y aunque los años cuarenta serían de “paralización migratoria”, la
situación en los campos del sur era desesperada para los jornaleros, que en los
años cincuenta comenzarían a salir de sus lugares de origen para buscar acomodo
en esas zonas de “prosperidad” que eran Asturias, País Vasco y Cataluña.
Las
avalanchas de inmigrantes “a la aventura” serían considerables, hasta el punto de
que enseguida se rebasaba la oferta, originándose otros problemas anexos,
fundamentalmente el de la vivienda, que los nuevos obreros resolvían de manera
primaria, construyendo ilegalmente barracones, chabolas, todo tipo de
infraviviendas, dando lugar a barrios sin infraestructuras de ninguna clase.
La
Comisión Católica Española de Migración divulgaba en 1956 una circular,
haciéndose eco de una carta del Capellán de los Obreros de Llanes-Avilés, donde
se daba cuenta “de encontrarse en esta localidad de Avilés muchos obreros de
esa y otras regiones de España sin trabajo y sin recursos”, ante lo cual el
Capellán ruega que “los Curas de Parroquias avisen públicamente a sus feligreses
sobre este estado de cosas, con objeto de que no sigan viniendo y agravando el
problema”, pues gran parte “están a merced de la caridad, debido a que dichos
obreros vienen por su cuenta y riesgo, en contra de los avisos oficiales
cursados a esas regiones”.
El
problema era aún más grave en Barcelona, localidad fundamental de destino en
esos años cincuenta, por lo que el Gobernador Provincial, Felipe Acedo Colunga,
tomó una tajante decisión. El 4 de octubre de 1952 dictó una Orden, publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia dos días después, en la que -alegando “la
necesidad de hacer frente al complejo problema de la vivienda”- ordenaba a los
Ayuntamiento “el cierre o vallado de los predios urbanos que se encontraren
enclavados dentro del casco habitable”, así como realización de “estadística
completa de las ‘viviendas no autorizadas’, con expresión de sus habitantes y
de los cabezas de familia que aparecieren como titulares, con el dato obligado
de su profesión y contrato de trabajo”. Ordenaba a Alcaldes, Jefe superior de
la Policía de la provincia, Comandantes del Puesto de la Guardia Civil y
comisarías locales que impidan “la entrada y subsiguiente permanencia en los
respectivos términos municipales, de aquellas personas que por no tener
domicilio tuvieren que recurrir a la ‘vivienda no autorizada’, debiéndolos
remitir a este Gobierno Civil para su evacuación por el Servicio que se
encuentra a este efecto establecido”.
Lo
de la “evacuación” es un eufemismo, que debemos sustituir por “expulsión” o, si
se quiere, por “deportación”, pues una vez localizados los inmigrantes sin
vivienda autorizada (las avalanchas humanas en los cinturones industriales no
podían contar más que con infraviviendas ilegales), eran confinados en el
antiguo Palacio de las Misiones desde donde se les reenviaba compulsivamente a
su lugar de origen.
Este
Palacio de las Misiones fue una obra del arquitecto Antoni Darder, para la
Exposición Internacional de Barcelona, de 1929-1930. Tenía una superficie de
5000 m2, dedicados a dar a conocer la labor de las
instituciones misioneras.
Durante la Guerra Civil sirvió como prisión, y posteriormente fue un refugio de
indigentes. Ahora iba a desempeñar esa función de reclusión temporal de
inmigrantes, en tanto se tramitaba su retorno forzado.
“Ignorantes,
inmorales, mendigos, delincuentes, etc., toda una serie de acusaciones se
difundieron desde púlpitos y desde tribunas de prensa, sobre los inmigrantes
venidos de otras partes de España. Un clima de animadversión social que
facilitó la puesta en marcha de (estas) duras medias”, recordaba Manuel Peña
Díaz el 11 de marzo pasado, en https://cronicaglobal.elespanol.com/.
Las
estaciones de tren y de autobuses de Barcelona y poblaciones cercanas pasaron a
estar permanentemente vigiladas por la policía armada, la guardia civil y los
agentes del Servicio de Evacuación, que detectaban a potenciales inmigrantes,
devolviéndolos a su origen fulminantemente. Esto dio lugar a que los
trabajadores se las ingeniaran de mil formas para burlar la vigilancia: bajarse
con cierta anterioridad y proseguir el viaje a pie; saltos por ventanillas y
entre vagones; camuflarse entre equipajes…
En
Madrid, un decreto similar a esta orden (aun que sin “centro de evacuación”) se
dictaría desde Presidencia del Gobierno el 23 de agosto de 1957, publicado en
el BOE el 21 de septiembre -y en el Boletín Oficial de la Provincia de Madrid
tres días después-, en el que se decía que “las Empresas de toda clase se
abstendrán de contratar productores que no acrediten su residencia en Madrid”,
se procederá “al inmediato derribo de las cuevas, chabolas, barracas y
construcciones similares realizadas, sin licencia, en el extrarradio de Madrid”
y “llevará aparejada el traslado de los que en ellas habiten a su sitio de
origen”.
Esta
terrible “aventura” finalizaría cuando -con los Planes de Desarrollo de los
años sesenta- se necesitara gran número de trabajadores sin cualificar para el
“desarrollismo” subsiguiente a los Planes, de gran “explosión” industrial,
servicios y construcción civil, a resultas de la liberalización en la entrada
de inversiones y capitales extranjeros, desenvolvimiento turístico proveniente
del exterior y apertura a los mercados internacionales. Ahora ya no importaba
el problema de la vivienda -excusa del Gobernador de Barcelona y sus
“imitadores” por otros lugares del país-, que siguió siendo la gran asignatura
pendiente de los movimientos poblacionales interiores de esa década; ni importaba
la infraestructura de agua, luz, pavimentaciones, saneamientos, escuelas
inexistentes… de esos barrios de aluvión. Ahora todo era “productividad”,
desarrollo desigual, consolidación de guetos donde “la ciudad cambia su
nombre”, como tituló una de sus memorables novelas Francisco Candel -escrita en
1957-, emigrante también, que vivió en sus carnes el problema.
Bueno
será, una vez más, con el problema de la emigración candente para nosotros que
volvemos a marchar, y para aquellos que pretende entrar, por las convulsiones
de las encadenas crisis que nos envuelven, reflexionar sobre este pasado
reciente, por otra parte no suficientemente conocido.
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