EL “CUBO” DE LA ALCAZABA DE BADAJOZ

Moisés Cayetano Rosado

Cuando tras ir por una autopista despejada y recta a más de 120 kilómetros por hora se recibe una multa por exceso de velocidad, muy posiblemente montamos en cólera porque “no tiene sentido esa intransigencia en un lugar tan espacioso, despejado y seguro”. Pero la norma está ahí, la prohibición es clara. Y si la señal fuese -como ocurrió hace unos meses- de prohibición a más de 110 Km/h, pues mismamente a 120 nos denunciarían. Es cuestión de normativa legal, no de opinión personal o grupal.

Pues lo mismo ocurre con el tema de Patrimonio Histórico y Cultural: se dictan unas normas y hay que cumplirlas, porque si no puede caernos encima “el peso de la Ley”.

Viene esto a cuento del polémico caso del “Cubo de Biblioteconomía”, las construcciones en la Alcazaba de Badajoz para implantar la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Extremadura que, con buena intención, se proyectó levantar ahí, en un lugar histórico -del que tanto se ha escrito y hay que escribir, tanto se ha documentado y queda por documentar-, además de contribuir -con la presencia de estudiantes, docentes y personal de servicios- a revitalizar el Casco Antiguo de la ciudad, que cuando se pensó la construcción pasaba por unos momentos de abandono, ruina y desolación.

¿Cuál es el problema? Que la Asociación de Amigos de Badajoz denunció que se conculcaba la legalidad vigente con las nuevas obras, pues aquella no permitía lo que en otras épocas históricas era práctica habitual: superponer culturas constructivas, incluso destruyendo en parte o en todo las antecedentes.

¿Y cuál es esa “legalidad vigente”? Pues en primer lugar nuestra Ley 2/1999 de 29 de marzo de Patrimonio Histórico y Cultural. Ésta dice en la Sección II (Régimen de los Monumentos de Extremadura), Artículo 37: “En ningún caso se podrá realizar obra interior, exterior, señalización o cambio de uso que afecte directamente a los inmuebles o a cualquiera de sus partes integrantes, pertenecientes o a su entorno delimitado, sin autorización de la Consejería de Cultura y Patrimonio”. Y en la Sección III (Régimen de los Conjuntos Históricos), Artículo 41.2.: “No se permitirán modificaciones, alteraciones de la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones de inmuebles, salvo que contribuyan a la conservación general del carácter del Conjunto Histórico”. Para rematar, el Artículo 42.3. indica: “Las obras que se realicen al amparo de las licencias contrarias al Plan Especial de Protección aprobado serán ilegales, pudiendo los órganos competentes de la Junta de Extremadura requerir al Ayuntamiento para ordenar su demolición y reconstrucción en un plazo máximo, a partir del cual podrán éstos acordar su ejecución subsidiaria, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación urbanística”.

Y ocurre que el Plan Especial de Protección (del Plan General de Ordenación Urbana -PGOU- de Badajoz) remarca expresamente las prohibiciones, como detalla en su sentencia sobre estas construcciones la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 26 de octubre de 2006. Así, en su Antecedente Tercero recuerda -siguiendo al PGOU- que “todo el recinto de la Alcazaba tiene un grado 1º de Protección integral” y “sólo podrán autorizarse en ellas obras de restauración, conservación, consolidación, reconstrucción de elementos preexistentes y demolición de elementos postizos no integrados en el conjunto”.

A continuación, la sentencia se extiende en su Antecedente Quinto sobre el Hospital Militar ubicado en la Alcazaba, objeto también de estas obras, con protección estructural, que “sólo permite obras menores de reforma y acondicionamiento interior”.

Y en el Antecedente Noveno podemos leer que “La aprobación por la Comisión de Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico de Badajoz del proyecto presentado, dentro de las competencias que aquella tiene, no autoriza para infligir el PGOU de Badajoz, que es el que el Tribunal a quo ha considerado vulnerado por la licencia municipal de obras”.

Tras duro batallar de las instituciones para no tener que ejecutar la tajante sentencia de demolición dictada por la Justicia, ahora -el 24 de abril de 2012- un Auto de la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, si bien permite la conservación de algunos elementos construidos, indica en su Fundamento de Derecho Sexto: “Con tales premisas considera la Sala que desde la situación actual de las edificaciones ilícitamente construidas y la salvaguardia de los monumentos, en evitación de un mayor deterioro, debe ejecutarse la sentencia”. Algo que el Ayuntamiento de Badajoz va a recurrir, por estar en desacuerdo nuevamente.

Con ello, otra vez se ha recrudecido la polémica, y de nuevo -como ocurrió al denunciarse los hechos- se acusa del problema a la Asociación de Amigos de Badajoz -tildándolos de “enemigos de Badajoz”-. Sin embargo, ellos han actuado al amparo del Diario Oficial de Extremadura y las Normas Urbanísticas Municipales, advirtiendo y luego denunciando la ilegalidad, a su criterio, de las obras.

O sea, lo mismo que dije al principio: limitación de velocidad en vías interurbanas o urbanas, que podrían modificarse al alza o a la baja, pero que hay que respetar en su contenido, porque en caso contrario podemos ser sancionados. ¡Y más cuando el que dicta e incumple lo dictado es el mismo en ambos casos!

El problema es secular: parece que las leyes las hacemos para incumplirlas. ¿Que son disparatadas? ¿Que no se adaptan a las necesidades de la sociedad? ¡Pues cámbiense! ¡Modifíquese lo que se crea conveniente y luego óbrese en consecuencia, alterando lo que se estime necesario! Pero siempre con la Ley por delante, porque si no nos pueden multar; tanto si corremos con un vehículo más de lo permitido, como si intervenimos en el Patrimonio Histórico en contra de lo acordado. Y ello es así estén por medio o no los controvertidos “enemigos… de Badajoz” o de donde sea, para exigir una actuación, a su juicio, acorde con lo legislado.

MOISÉS CAYETANO ROSADO

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