REGULACIÓN DE TRABAJADORES EXTRANJEROS EN ESPAÑA

MOISÉS CAYETANO ROSADO

Desde el ámbito empresarial se viene advirtiendo de las dificultades que tienen para encontrar trabajadores con que mantener la producción y los  servicios. Especialmente ocurre en la hostelería, la restauración, la construcción civil y el sector agrícola. Y abogan por que se facilite la contratación de trabajadores extranjeros, tanto agilizando la legalización de los que residen irregularmente en el país, como facilitando la contratación en origen de los que, desde fuera, demandan empleo.

Un fuerte escollo está en que en las oficinas del servicio público de empleo estatal (SEPE) hay registrados a finales de 2024 más de 2.500.000 parados, lo que supone, al menos a primera vista, una contradicción. Ocurre, claro, que la afluencia de mano de obra foránea siempre ha sido, en todas partes, una fuente de conflictos, pues generalmente sus exigencias laborales, económicas y sociales rebajan las reivindicaciones que los trabajadores autóctonos presentan, resistiéndose a trabajos mal remunerados.

Ésta fue una de las dificultades que en la convivencia nativos-inmigrantes tuvimos en los años sesenta y setenta del siglo pasado en Centroeuropa, y más atrás se vivió en la raya luso-española, con portugueses que en periodos de siembra, siega, recolección, venían a los campos castellanos y extremeños. Hasta dentro de nuestras poblaciones existió ese problema: por ello en la II República española se promulgó el Decreto de Términos Municipales de 20 de abril de 1931, obligando a emplear preferentemente a jornaleros del municipio donde se realizaran las tareas agrícolas.

Una “fuerza laboral externa” siempre es una “tentación” para los empresarios a la hora de fijar salarios, horarios y dedicación. Y una ausencia de la misma, una “herramienta” en manos de los trabajadores para conseguir mejoras. Los primeros se quejan de la imposibilidad de atender exigencias desmedidas, y los segundos de la insaciable voracidad de los que poseen los medios de producción.

Pero lo cierto es que la presencia de inmigrantes en nuestro territorio es imparable. E incluso inigualable en el contexto occidental, pues nos colocamos estadísticamente en la cabecera de la recepción de inmigrantes en lo que va de siglo, algo inédito en nuestro “país de emigrantes” de toda nuestra historia contemporánea.

Si al comenzar este siglo no llegaban a un millón los extranjeros censados en España, antes de la crisis mundial de 2008 eran ya más de cinco millones, pasando del 2’3% al 11’4% de la población total. La crisis ralentizó el flujo de llegadas, incluso se produjo un lento retroceso, por retorno de algunos inmigrantes, bajando en 2017 a cuatro millones seiscientos mil (9’8% de la población); pero, superado lo peor de esa etapa, de nuevo se han reactivado las entradas, con lo que en la actualidad hay censados más de  cinco millones y medio de extranjeros, el 11’7% de nuestra población, todo ello según datos oficiales del INE. Si a esto unimos los que residen de una manera irregular, las estimaciones del propio INE sitúan en cerca de nueve millones, el 18’31% del total, los nacidos en el extranjero residentes en España.

De estas personas venidas de fuera, 2.876.972 están afiliados a la Seguridad Social, experimentando un ritmo de crecimiento en la última década que triplica la media nacional. Un número indeterminado, superior al millón, también trabajan de manera irregular, muchas veces sometidos a explotación laboral.

En este sentido va el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, que pretende facilitar la integración de personas migrantes a través de la inclusión, formación y empleo, así como el fortalecimiento del vínculo familiar. O sea, impulsar la regulación de la inmigración irregular, reconociendo la situación  laboral y residencial de hecho. La presencia de inmigrantes, la necesidad de los mismos en el  mercado laboral, su contribución al sostenimiento e incluso crecimiento de la población (cuando el índice de natalidad española es extraordinariamente regresivo) y el sistema de Seguridad Social, lo hace necesario. Como necesario es, claro, que esta decisión oficial no vaya acompañada, como tantas veces en la historia, de una estrategia involutiva en los derechos sociales y laborales logrados por los trabajadores en largos años de lucha sindical.